El PCE rechaza frontalmente la Directiva europea aprobada por los Ministros de Trabajo de la Unión Europea que contempla la ampliación del límite de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales, si así se acuerda entre trabajador y empresario.
Esta Directiva que llevaba varios años bloqueada, cosechando fracaso tras fracaso debido a las múltiples resistencias que han mostrado algunos países europeos, organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda, supone un auténtico ataque a los derechos laborales de la clase trabajadora europea.
La reducción de la jornada laboral ha sido una reivindicación histórica del movimiento obrero y un triunfo de las fuerzas del trabajo sobre el capital, arrebatándole parte del excedente empresarial a través de la reducción del tiempo de trabajo. De plena vigencia hoy en nuestro país con la exigencia de la implantación de las 35 horas, sin reducción salarial.
Esta Directiva viene a ser la manifestación más clara de la aplicación del Tratado para la Unión Europea cuya orientación conservadora y neoliberal se pone al servicio del mercado y de los intereses de las grandes multinacionales, grupos económicos y financieros, condenando a los trabajadores y trabajadoras europeas a incrementos de jornada, nuevas formas de precariedad y nuevas formas de flexibilidad laboral.
La ampliación de la jornada atenta, con claridad, contra el reparto del empleo en una Europa que dice, falsamente, caminar hacia el pleno empleo. Atenta contra el reparto de la riqueza cuando, falsamente, los poderosos nos hablan de la Europa del bienestar y de la justicia social. Atenta contra la conciliación de la vida laboral y familiar en pleno discurso europeo por la igualdad. Atenta contra la salud y la calidad de vida de la clase trabajadora al pretender condenarla a largas y extenuantes jornadas de trabajo. Atenta contra la negociación colectiva de las condiciones laborales, al abrir la posibilidad de negociar la jornada de forma individual entre el trabajador y el empresario.
Por todo ello, el PCE se opone a la aprobación de esta Directiva, llama a su militancia, al conjunto de la clase trabajadora europea y española, a los partidos políticos de izquierda y a las organizaciones sindicales a hacer un frente común para organizar una respuesta fuerte de rechazo que impida, finalmente, su aprobación por el Parlamento Europeo.
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