LLAMAMIENTO
CONTRA LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS
Apoyo y Solidaridad
con Abel, miembro de la PAH de Zamora, imputado a raíz de una acción de
protesta contra un desahucio ante una de las oficinas de BANKIA.
Vivimos
un estado de excepción impuesto por la oligarquía europea en alianza con la
española con el objetivo explícito de liquidar las conquistas históricas, los
derechos sociales y laborales conseguidos por la clase trabajadora después de
más de cien años de lucha de clases y de dos guerras mundiales. Para conseguir
tales objetivos se están valiendo de la Troika (en colaboración con las fuerzas
políticas neoliberales, representadas en España por el bipartidismo PPSOE, las derechas
nacionalistas y UPyD), forzando la renuncia a la soberanía popular en cada uno
de sus estados miembros.
Este
estado de excepción, que ha venido para quedarse si no lo impedimos, se
acompaña de una involución autoritaria, desconocida desde el inicio de la
Transición, como medio de acallar las protestas contra el austericidio.
Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades españolas están
asfixiando las protestas pacíficas, respondiendo a la movilización con
restricciones a los derechos a la libertad
de expresión y reunión pacífica. La policía ha sometido a comprobaciones
de identidad a manifestantes pacíficos durante las manifestaciones o incluso
antes de ellas; se han impuesto multas a personas simplemente por asistir a
protestas o reuniones; manifestantes pacíficos han sufrido abusos y uso excesivo
y arbitrario de la fuerza, o han sido detenidos y trasladados a comisarías
donde han sufrido tratos humillantes y/o malos tratos bajo custodia. El
Comisario Europeo de DD.HH ha pedido hace solo unos meses el fin de la
impunidad de los abusos policiales en manifestaciones y comisarias,
consentidos, cuando no promovidos, por las autoridades. Da igual también que hasta los sindicatos policiales cuestionen la política
irresponsable de unos altos mandos empeñados en presentar todo acto de protesta
como una conspiración terrorista o filonazi. Hay que añadir que la “Ley
Mordaza” puede suponer además un duro
golpe a la protesta pacífica.
Las familias
afectadas por los desahucios están sometidas a sufrimientos difícilmente
imaginables y a una violencia que no cae del cielo. En la mayoría de los casos,
es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias
para quienes la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que
extraer el mayor beneficio posible. A menudo, esta violencia opera por vías
abiertamente ilegales. Otras veces, cuenta con la cobertura de leyes y
decisiones institucionales que la autorizan o que incluso la fomentan. Ni el
sobreendeudamiento hipotecario, ni el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2%
de vivienda pública de alquiler, ni la fiebre especulativa que ha dejado tras
de sí más de 3.500.000 inmuebles vacíos o infrautilizados, son el producto de
espontáneas leyes de mercado. Reflejan intervenciones públicas explícitas,
favorecidas por los gobiernos del PP y del PSOE y las derechas nacionalistas,
en beneficio de mafias neocaciquiles formadas por políticos corruptos,
constructores, promotores y banqueros a los que deliberadamente se exime de
toda responsabilidad social y jurídica.
Es
en este contexto en donde hay que situar la lucha por el derecho a la vivienda
y es que el capitalismo “en crisis” es incompatible con los derechos de las
personas. Si históricamente, en España, ya ha sido difícil para las clases
populares el acceso a la vivienda, tras el estallido de la crisis, los sectores
más vulnerables, entre los que se encuentra personas en paro e inmigrantes, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre ellos con hipotecas
impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. En casos como
el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no
comporta casi nunca ni el saldo de la deuda ni el realojamiento digno exigido
por Naciones Unidas.
Como
consecuencia de una de las acciones, que
siempre han sido pacíficas, contra los desahucios y la dación en pago llevada a
cabo por la PAH de Zamora, a nuestro compañero A.H., se le ha abierto juicio
oral acusado por la fiscalía de los delitos de resistencia y coacciones, por
los que se le pide 9 meses y 1 año respectivamente. En esta ocasión, la
protesta era en defensa de
una familia desahuciada por Bankia, con nocturnidad y alevosía, para conseguir
la dación en pago. Esta acción de la PAH se saldó con cuatro personas imputadas de las que
solo queda Abel. Para nosotros, las acusaciones contra Abel no se sostienen. Ni
hubo resistencia a la autoridad cuando se le pidió que se identificara, ni hubo
coacciones de ningún tipo que impidieran la libertad de los demás.
Cuando se vulneran derechos básicos y los canales institucionales permanecen
bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la
arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las
movilizaciones contra los desahucios, la dación en pago o la creación de un
parque de viviendas de alquiler social,
impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el
conjunto del Estado, reflejan claramente esta voluntad garantista.
Ni la criminalización de las protestas, ni la
represión del Estado-policía nos va a persuadir de seguir luchando por lo que
es la más elemental de las justicias, el derecho a una vivienda digna.
No
vamos a consentir que asfixien la protesta pacífica ni con abusos ni con leyes
represivas. No vamos a consentir que los manifestantes pacíficos sigan pagando
un alto precio por ejercer sus derechos humanos.
Estas son las razones que nos ha llevado a hacer un
llamamiento a la ciudadanía para que apoye solidariamente a estas personas y a
las actividades de la PAH mediante una pequeña aportación para poder continuar en su lucha contra la
injusticia de los desahucios.
Zamora a 27 de abril de 2014
