Contra la represión, solidaridad: Concentraciones en apoyo del compañero Abel

Si hace apenas un mes nos movilizamos en apoyo del compañero Chechu, enjuiciado por las autoridades por manifestarse frente al ayuntamiento durante las movilizaciones del 15M; ahora toca solidarizarse con Abel, miembro de la Plataforma Anti-Desahucios que va a ser juzgado por participar en una concentración frente a Bankia.

Las concentraciones de apoyo serán:

MIÉRCOLES 30 A LAS 19:30: EN LA PLAZA DEL 15-M

LUNES 5 A LAS 11:30: FRENTE A LOS JUZGADOS (PLAZA DE LOS MOMOS)

Reproducimos a continuación el manifiesto de la plataforma de apoyo:

LLAMAMIENTO CONTRA LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS

Apoyo y Solidaridad con Abel, miembro de la PAH de Zamora, imputado a raíz de una acción de protesta contra un desahucio ante una de las oficinas de BANKIA.

Vivimos un estado de excepción impuesto por la oligarquía europea en alianza con la española con el objetivo explícito de liquidar las conquistas históricas, los derechos sociales y laborales conseguidos por la clase trabajadora después de más de cien años de lucha de clases y de dos guerras mundiales. Para conseguir tales objetivos se están valiendo de la Troika (en colaboración con las fuerzas políticas neoliberales, representadas en España por el bipartidismo PPSOE, las derechas nacionalistas y UPyD), forzando la renuncia a la soberanía popular en cada uno de sus estados miembros.

Este estado de excepción, que ha venido para quedarse si no lo impedimos, se acompaña de una involución autoritaria, desconocida desde el inicio de la Transición, como medio de acallar las protestas contra el austericidio. Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades españolas están asfixiando las protestas pacíficas, respondiendo a la movilización con restricciones a los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. La policía ha sometido a comprobaciones de identidad a manifestantes pacíficos durante las manifestaciones o incluso antes de ellas; se han impuesto multas a personas simplemente por asistir a protestas o reuniones; manifestantes pacíficos han sufrido abusos y uso excesivo y arbitrario de la fuerza, o han sido detenidos y trasladados a comisarías donde han sufrido tratos humillantes y/o malos tratos bajo custodia. El Comisario Europeo de DD.HH ha pedido hace solo unos meses el fin de la impunidad de los abusos policiales en manifestaciones y comisarias, consentidos, cuando no promovidos, por las autoridades. Da igual también que hasta los sindicatos policiales cuestionen la política irresponsable de unos altos mandos empeñados en presentar todo acto de protesta como una conspiración terrorista o filonazi. Hay que añadir que la “Ley Mordaza” puede suponer además un duro golpe a la protesta pacífica.

 Las familias afectadas por los desahucios están sometidas a sufrimientos difícilmente imaginables y a una violencia que no cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para quienes la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer el mayor beneficio posible. A menudo, esta violencia opera por vías abiertamente ilegales. Otras veces, cuenta con la cobertura de leyes y decisiones institucionales que la autorizan o que incluso la fomentan. Ni el sobreendeudamiento hipotecario, ni el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2% de vivienda pública de alquiler, ni la fiebre especulativa que ha dejado tras de sí más de 3.500.000 inmuebles vacíos o infrautilizados, son el producto de espontáneas leyes de mercado. Reflejan intervenciones públicas explícitas, favorecidas por los gobiernos del PP y del PSOE y las derechas nacionalistas, en beneficio de mafias neocaciquiles formadas por políticos corruptos, constructores, promotores y banqueros a los que deliberadamente se exime de toda responsabilidad social y jurídica.

Es en este contexto en donde hay que situar la lucha por el derecho a la vivienda y es que el capitalismo “en crisis” es incompatible con los derechos de las personas. Si históricamente, en España, ya ha sido difícil para las clases populares el acceso a la vivienda, tras el estallido de la crisis, los sectores más vulnerables, entre los que se encuentra personas en paro e inmigrantes, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre ellos con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no comporta casi nunca ni el saldo de la deuda ni el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas.

Como consecuencia  de una de las acciones, que siempre han sido pacíficas, contra los desahucios y la dación en pago llevada a cabo por la PAH de Zamora, a nuestro compañero A.H., se le ha abierto juicio oral acusado por la fiscalía de los delitos de resistencia y coacciones, por los que se le pide 9 meses y 1 año respectivamente. En esta ocasión, la protesta era en defensa de una familia desahuciada por Bankia, con nocturnidad y alevosía, para conseguir la dación en pago. Esta acción de la PAH se saldó con cuatro personas imputadas de las que solo queda Abel. Para nosotros, las acusaciones contra Abel no se sostienen. Ni hubo resistencia a la autoridad cuando se le pidió que se identificara, ni hubo coacciones de ningún tipo que impidieran la libertad de los demás.

Cuando se vulneran derechos básicos y los canales institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las movilizaciones contra los desahucios, la dación en pago o la creación de un parque de viviendas de alquiler social,  impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del Estado, reflejan claramente esta voluntad garantista.

Ni la criminalización de las protestas, ni la represión del Estado-policía nos va a persuadir de seguir luchando por lo que es la más elemental de las justicias, el derecho a una vivienda digna.

No vamos a consentir que asfixien la protesta pacífica ni con abusos ni con leyes represivas. No vamos a consentir que los manifestantes pacíficos sigan pagando un alto precio por ejercer sus derechos humanos.

Estas son las razones que nos ha llevado a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que apoye solidariamente a estas personas y a las actividades de la PAH mediante una pequeña aportación  para poder continuar en su lucha contra la injusticia de los desahucios.

Zamora a 27 de abril de 2014